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BAJO FUEGO


*.- Cinco años 


José Antonio Rivera Rosales


   A cinco años de los atroces hechos de Iguala, cuando varios jóvenes fueron asesinados por policías y criminales que terminaron desapareciendo a otros 43 estudiantes de Ayotzinapa, nuevos indicios surgieron a la luz pública que en definitiva terminaron por sepultar la mentira fraguada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

  En su última edición que circula a partir del jueves 26, el semanario Eje Central da a conocer un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del gobierno de Estados Unidos que desde 2014 fue conocido por el gobierno mexicano pero, inexplicablemente, ocultado por la Procuraduría General de la República entonces a cargo de Jesús Murillo Karam.

   Bajo la firma de los connotados colegas Jonathan Nácar y María Idalia Gómez, el texto revela que en 27 de los números de celular de los jóvenes desaparecidos esa fatídica noche -es decir más de la mitad de los normalistas desaparecidos-, se registraron comunicaciones telefónicas inclusive semanas después de que fueron supuestamente asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

   Según el análisis del FBI, las decenas de mensajes captados en esos celulares antes y después del 26 de septiembre de 2014 son “consistentes con el mismo usuario”, es decir, fueron producidos por los dueños de esos celulares, los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

   Ese informe del FBI fue entregado a la PGR de Murillo Karam en los días previos a la fecha en que este funcionario anunció oficialmente la “verdad histórica”: que los estudiantes desaparecidos fueron ejecutados e incinerados hasta su total desaparición. Sin embargo, ni Murillo ni ningún otro funcionario del gabinete de Peña Nieto informaron de la existencia de ese informe que echa abajo la versión oficial, que evidentemente pretendió dar carpetazo al caso.

   Vistas así las cosas, la supuesta investigación del gobierno peñista parece haber sido, en realidad, una gran operación de encubrimiento, lo que debiera generar un giro radical a la investigación sobre el caso para determinar lo que realmente pasó con esos muchachos. En ese sentido, esta nueva circunstancia legal constituye un compromiso histórico del gobierno de López Obrador y su Fiscalía General de la República (FGR), para esclarecer los hechos y procesar a los responsables.


   Aquí habrá que anotar que desde días posteriores a septiembre de 2014 –entre octubre y noviembre- hubo indicios obtenidos a ras de tierra que apuntaban que por esas fechas los jóvenes estaban vivos en algún lugar de la Sierra Madre del Sur, donde habrían sido trasladados por sus captores.

   Uno de esos informes, de fuentes muy creíbles, señalaba que los estudiantes estuvieron cautivos unos días en Mezcala, en la mina de Carrizalillo, donde los hicieron pasar como trabajadores de esa empresa.

   Otra versión, de alguna manera ligada a ésta, reportaba un avistamiento de una camioneta de redilas en cuya caja viajaba una veintena de muchachos vigilados por sujetos armados, que se dirigían a la parte alta de la sierra, en la jurisdicción del municipio de San Miguel Totolapan. Más tarde circularía otra versión en un sentido casi idéntico: que los jóvenes cautivos trabajaban en campos de amapola en condición de esclavos.

   En otro caso, también vinculado con las versiones arriba descritas, se hablaba de comunicaciones entre grupos criminales para ver quién se hacía cargo de los jóvenes secuestrados con el fin de evadir la búsqueda gubernamental.

   Después sobrevino el silencio, un pesado silencio que buscó ocultar para siempre el destino final de los jóvenes plagiados.

   Todas las versiones anteriores, obtenidas de personas comunes que reportaron lo que vieron, siempre apuntaron a que los plagiados estaban vivos, no muertos.

   Esto viene a colación debido a que la semana anterior un nuevo indicio surgió del lugar más inesperado: el penal de Chilpancingo, donde desde hace cuatro años está recluido Eliseo Villar Castillo, el excoordinador de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán que se vio involucrado en varios ilícitos durante su gestión al frente de esa agrupación.

   En primicias concedidas a los diarios locales El Faro de la Costa Chica y El Sol de Chilpancingo, el exdirigente indígena dijo haber conocido en prisión, en enero pasado, a dos o tres internos que le expresaron tener conocimiento del paradero final de los jóvenes de Ayotzinapa. Según la narrativa, los normalistas fueron llevados vivos rumbo a la sierra donde finalmente fueron asesinados.

   Villar dijo haber contactado en junio pasado con Abel Barrera y Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, a quienes hizo las revelaciones anteriores con la anuencia de las fuentes originales (los reos), quienes sostenían conocer el lugar exacto donde estarían enterrados los normalistas desaparecidos. En julio, por mediación de Barrera y Rosales, el exdirigente indígena se entrevistó con Alejandro Encinas en un penal de Cuernavaca, a quien le expuso la información en su poder.

   Poco más tarde, Encinas volvió a entrevistarse con Villar pero ahora con personal de apoyo que, con tecnología satelital, ubicó el lugar exacto donde estarían sepultados los jóvenes desaparecidos, incluido el vehículo en que fueron llevados. Pero tres meses después, ni Encinas ni los activistas de Tlachinollan habían dicho ninguna palabra al respecto ni iniciado tampoco ninguna búsqueda.

   Eso motivó que Villar hiciera pública la información del caso, tras lo cual dice haber recibido una nueva visita al penal de Vidulfo Rosales, quien le reclamó haber hecho pública la versión e, inclusive, le pidió desdecirse.

   Lejos de ello, Villar convocó a una conferencia de prensa vía telefónica en la que reveló todos estos pormenores aunque se guardó la identidad de las fuentes originales así como la ubicación donde estarían sepultados los muchachos de Ayotzinapa.

   Así, el informe del FBI publicado por Eje Central, parecería apuntalar la hipótesis de que los desaparecidos no fueron asesinados la noche del 26-27 de septiembre de 2014, como se creía, sino que estuvieron vivos durante semanas enteras según lo constató en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su reporte final también reportó actividad telefónica de los supuestos desaparecidos días después de los hechos en que harían sido asesinados.

   Si se confirma que los jóvenes fueron trasladados a la sierra, como indican estas versiones, entonces estamos ante una gran operación de encubrimiento por parte del gobierno de Peña Nieto que bien podría tipificarse como obstrucción de la justicia. Si esto es así, López Obrador está obligado a llevar ante los tribunales a gran parte del gabinete de seguridad y justicia del gobierno anterior.

   Algo más: un dato perturbador surgido de esta última versión es que, según los reos que ofrecen esta revelación por demás escandalosa, la masacre de normalistas estaba planeada por lo menos con un mes de antelación. Es decir, que había intenciones de asesinar a algunos jóvenes de Ayotzinapa para provocar una gran conmoción política en el estado de Guerrero.

   De ser así, estaríamos ante uno de los más grandes crímenes políticos de la historia cuyos responsables deben ser enjuiciados, sean quienes sean y caiga quien caiga. Ese es el gran reto para Andrés Manuel López Obrador. Veremos si está a la altura del desafío.

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